Para explicar el presente

El siguiente fragmento fue extraído de Los sectores dominantes en la argentina. Estrategias de construcción de poder, desde el siglo XX hasta el presente, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2022.

El tránsito de la industrialización sustitutiva
al nuevo patrón de acumulación de capital

Un análisis de la irrupción en 1976 de un nuevo patrón de acumulación, por más breve que sea, debe partir de la situación que transitaba el partido político de los sectores dominantes, es decir, de las circunstancias que vivían las fuerzas armadas. Al respecto, como se mencionó anteriormente, ellas se habían alineado en dos bandos (“azules” y “colorados”). La diferencia crucial entre ambos consistía en cuál entendían que era la manera más efectiva de derrotar al movimiento popular y sobre todo al peronismo. Para los “colorados” era necesario aniquilarlo porque concebían que era la entrada del comunismo al país, mientras que los “azules” entendían que se lo debía neutralizar políticamente, fracturándolo (Basualdo, 2013).
Hay pleno consenso acerca de que los “azules” condujeron el planteo del partido militar durante la segunda sustitución de importaciones, pero su fracaso (el triunfo popular y el nuevo gobierno peronista) abrió la puerta para que los sectores dominantes le dieran a los “colorados” el mando del proceso que se puso en marcha a partir de la dictadura militar que comenzó en 1976. De allí en adelante, la Doctrina de la Seguridad Nacional, que se había aplicado durante la segunda etapa sustitutiva, fue reemplazada por otra centrada en el aniquilamiento de conducciones del movimiento popular. Esta nueva doctrina definida por los “colorados” e inspirada en la experiencia francesa de la guerra de Argelia (1954-1962) y el asesoramiento estadounidense se sustentó en una represión inédita que buscó el aniquilamiento del movimiento popular mediante la denominada guerra sucia (desaparición, tortura y asesinato de los militantes populares). El objetivo del crecimiento económico anterior, que era el sustento de la Doctrina de Seguridad Nacional, fue reemplazado por la reestructuración económica que interrumpirá la industrialización con el fin de anular las condiciones estructurales que daban lugar a las alianzas sociales que permitían la emergencia de gobiernos nacionales y populares (Basualdo, 2013).
La última dictadura se desplegó en un nuevo contexto internacional que comenzó a perfilarse a comienzos de la década de 1970 con la disolución del acuerdo de Bretton Woods (1944), que al desvincular el dólar del oro dio lugar a la instauración de “tipos de cambio flexibles”, lo que inauguró una etapa de marcada inestabilidad monetaria y especulación financiera. Sin embargo, es a fines de esa década, específicamente entre 1978 y 1980, cuando comenzó a implementarse una serie de políticas nacionales en los países centrales y periféricos que dio un contenido definido a esos cambios iniciales. Por un lado, en 1978 Deng Xiaoping (que había sido denostado por Mao Tse Tung antes de su muerte) implementó la liberalización de la sociedad comunista china, que abarcaba la quinta parte de la población mundial. Por otra parte, en julio de 1979 asumió Paul Volcker como conductor de la Reserva Federal de los Estados Unidos, e inmediatamente replanteó la política monetaria imponiendo elevadas tasas de interés como medio de detener la inflación, aun a costa de una creciente desocupación de la mano de obra. Comenzaba entonces a plasmarse en la práctica política, aunque en forma incipiente, la idea de la restauración de la dignidad y de la libertad individual que el pensamiento neoliberal consideraba como los “valores centrales de la civilización”.
Sin embargo, hay consenso acerca de que el punto de no retorno se encuentra en las políticas que encararon en 1978 y 1979 Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Inglaterra y los Estados Unidos, respectivamente. La primera llevó a cabo en su país una cruzada contra el estancamiento económico centrada en deteriorar el poder ejercido por los sindicatos. Mientras que Reagan encaró la reestructuración económica apoyando las acciones de Paul Volcker en la Reserva Federal, impulsando una profunda desregulación, rebajando impuestos al capital, recortando el gasto social, suprimiendo todas las normas que restringían la movilidad del capital a nivel nacional e internacional y erosionando el poder sindical que puso en marcha con la derrota de la huelga que llevaron a cabo los controladores del tráfico aéreo en 1981 (Organización de Controladores Profesionales de Tráfico Aéreo –Patco–).
En ese marco, el nuevo patrón de acumulación que experimentó la economía argentina fue posible debido a la conformación de un bloque de poder sustentado centralmente por la alianza entre el capital financiero internacional y los grupos económicos locales. Así, la última dictadura militar interrumpió la industrialización sustitutiva e impuso un nuevo planteo económico y social que estaba basado en la valorización financiera (1976-2001). No se trató solo de la enorme rentabilidad que obtuvieran los bancos o el sistema financiero en general, sino sobre todo de la renta financiera que percibieron los oligopolios líderes en los restantes sectores económicos, entre los que se contaba la producción fabril, agropecuaria y, posteriormente, los servicios públicos privatizados. Esto fue posible por la mayor rentabilidad de la tasa de interés respecto de la de otras actividades económicas, la notable concentración del ingreso y la fenomenal masa de recursos pasibles de ser valorizados en la economía interna que ingresaban en forma de deuda externa. Todo ello sobre la base de elevadas diferencias entre la tasa de interés interna respecto de las vigentes en el mercado financiero internacional.
De esta manera, las fracciones del capital dominante contrajeron deuda externa para luego realizar con esos recursos colocaciones en activos financieros en el mercado interno (títulos, bonos, depósitos, etc.) con el propósito de valorizarlos debido al diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional, y después fugarlos al exterior. La fuga estuvo intrínsecamente vinculada al endeudamiento externo, porque este último no afectó el nivel de consumo de los sectores de altos ingresos ni tampoco constituyó, en lo sustantivo, un modo de financiamiento de la inversión o del capital de trabajo como en la sustitución de importaciones, sino un instrumento para obtener renta financiera deteriorando significativamente la formación de capital en el país.
Sin duda, este proceso no hubiera sido factible sin una profunda modificación en el tipo de Estado que de allí en más abandonó su preocupación por la expansión fabril y pasó a impulsar la obtención de renta financiera por parte del nuevo bloque de poder. Esta alteración se expresó al menos en tres procesos básicos. El primero de ellos radicó en que la tasa de interés interna fue sistemáticamente mayor al costo del endeudamiento en el mercado internacional, gracias al endeudamiento del sector público con el mercado financiero interno, donde era el mayor tomador de crédito en la economía local. El segundo consistió en que el endeudamiento externo estatal fue el que posibilitó la fuga de capitales locales al exterior al proveer las divisas necesarias para que ello fuese posible. El tercero y último fue que la subordinación estatal a la nueva lógica de la acumulación de capital por parte de las fracciones sociales dominantes posibilitó la estatización, en determinadas etapas, tanto de la deuda externa privada como de la deuda interna. Posteriormente, se privatizaron las empresas públicas para favorecer al bloque de poder (tanto a los grupos económicos locales y al capital extranjero que accedieron a su propiedad como a los acreedores externos, dado que de esa manera cobraron los intereses derivados de la deuda externa, cuyo pago se había obturado a fines de los años ochenta).
La base económica y social para que todo este proceso fuera posible fue el acentuado predominio del capital sobre el trabajo, que se expresó en una manifiesta regresividad de la distribución del ingreso y en un nivel de exclusión social que implicó un retroceso que no tenía antecedentes históricos en la Argentina. Estas tendencias fueron el producto de la convergencia de un salto cualitativo en el nivel de explotación de los trabajadores con una severa y sostenida expulsión de mano de obra que, al afectar a millones de asalariados, dio como resultado una inédita tasa de desocupación y subocupación. No menos relevante fue el replanteo de la dinámica política, no solo por la brutal represión al movimiento popular, sino, además, ya durante los gobiernos constitucionales, por la implementación del “transformismo”, es decir, la cooptación de los dirigentes populares, descabezando así a los sectores populares (Basualdo, 2001).